El proyecto de ley enviado al Congreso por el Ejecutivo, que busca castigar con penas de cárcel la ocupación de colegios y universidades, ha encendido nuevamente el conflicto estudiantil, justamente cuando comienzan a las reuniones de trabajo entre las partes para intentar llegar a un acuerdo, tras cinco meses de movilizaciones. Camila Vallejo dijo que se hace muy difícil considerar al Gobierno como un interlocutor válido, mientras Giorgio Jackson calificó el proyecto como un "despropósito". Desde el mundo de los derechos humanos, aseguran que el proyecto carece de lógica. El proyecto de La Moneda apunta a reformar el Código Penal para elevar las sanciones por desorden público con penas que van desde los 541 días hasta los tres años de cárcel. El proyecto castiga falta de respeto a policías, regula las sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante actuar encapuchado. Incorpora delitos como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios como transporte, salud y de agua potable. También contempla castigar las ocupaciones y tomas, que han sido la principal medida de presión de los estudiantes en estos meses de movilización.
El anuncio del proyecto de ley sorprendió a los dirigentes secundarios y universitarios, que recién el jueves pasado reanudaron el diálogo con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, después de que las negociaciones se mantuvieron paralizadas por 26 días. En esa cita acordaron que este miércoles se realizará la primera gran reunión de trabajo entre ambas partes en la que se tratará la gratuidad en la educación en todos sus niveles, una de las principales reivindicaciones del movimiento social y uno de los puntos donde el Gobierno no se ha mostrado disponible para negociar.Camila Vallejo cree que la ley que penaliza tomas se acerca a un “terrorismo de Estado” La vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo, se refirió al Proyecto de Ley que fortalece el resguardo del orden público y modifica disposiciones del Código Penal, señalando que estas acciones hacen más difícil entender al Gobierno como un “interlocutor válido”.“De alguna forma nos volvemos a acercar a este terrorismo de Estado, que ya se ha venido evidenciando con secuestros, torturas, represión, infiltraje en las manifestaciones. Y no puede ser que una toma de un colegio o de una institución pública sea entendida como un acto de vandalismo que es condenable”, dijo a radio ADN.La titular de la FECh aseguró que la iniciativa de La Moneda, “condiciona obviamente el diálogo. Es mucho más difícil hoy día ver al Ejecutivo como un actor o un interlocutor válido en esta instancia, donde nuevamente se nos pone la pistola en el pecho”:“Con qué cara, a todo esto, vamos a estar sentados para dialogar. Y eso es preocupante porque en una forma se trata de mostrar divisiones al interior del movimiento estudiantil, donde prima la ultraizquierda. Pero en el Gobierno prima la ultraderecha y eso es mucho más terrible, eso es mucho más preocupante dada la historia de represión, tortura y de violación a los derechos humanos que hemos vivido en nuestro país”.Para el presidente de la FEUC y vocero de la Confech, Giorgio Jackson, la iniciativa legal "es simplemente un despropósito, por lo tanto, el llamado es a no mirar el síntoma, sino revisar el porqué los estudiantes están haciendo estas acciones. Nunca ha sido un hobby tomarse un colegio o parar las clases, es un reflejo, un grito al cielo para que las autoridades y la sociedad reflexionen ante la marginalidad que se está viviendo en nuestro país”.En cuanto a los contenidos específicos de este proyecto de ley aún existen muchas incertidumbres, por lo mismo, Carlos Muñoz, representante de la red de organizaciones no gubernamentales en defensa de la infancia, planteó en entrevista con la segunda edición de Radioanálisis que “estamos ante una medida improvisada que solo persigue criminalizar a un movimiento social arraigado en la mayoría de la población”.“Yo estuve en la toma del Campus Oriente (de la UC) que fue una toma absolutamente pacífica, en la cual estudiantes junto a trabajadores y docentes realizaron planes de trabajo en torno al arte y a la cultura de nuestro país. Por lo tanto, yo en ningún caso pensaría que eso es una actitud criminal. Hay que revisar muy bien esas leyes, que probablemente tienden a la represión, y analizar el caso a caso. Por supuesto que cuando hay destrucción masiva de inmuebles, en otros casos, tipos de delitos, pero la ocupación en sí misma, y muchas que han sido absolutamente pacíficas, no se ve porqué tenga que ser penalizada con 541 días a 3 años de cárcel, creo que es un despropósito”, indicó Jackson.Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), señaló ayer que los dirigentes evaluarán su permanencia en los encuentros con el Ejecutivo tras el anuncio del presidente: “Si alguna vez fue verdadera la disposición del Gobierno al diálogo, queda demostrado que Piñera está de rodillas ante la derecha más dura”.Jorge Contesse, director del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, analizó el proyecto de ley que pretende presentar el Gobierno que penaliza la toma de colegios como "extraño", además de criticar el accionar policial en marchas. "La autoridad que quiere regular estas manifestaciones tiene que hacerlo en forma rigurosa y tiene que regirse por regulaciones contempladas en la Constitución y tratados internacionales. En este contexto la autoridad política chilena no tiene un acercamiento riguroso a la protesta y se legitima por omisión los excesos policiales que en una democracia sólida tendrían una sería contención a nivel de la autoridad", dijo a radio Cooperativa.Según Contesse, "hay denuncias de maltrato de Carabineros en todas las marchas y esto viene de antes del 2011, los abusos policiales se vienen registrando con bastante fuerza en la zona del conflicto mapuche y esto se nos viene encima por las manifestaciones en la Región Metropolitana, pero la tendencia de funcionarios de Carabineros de usar más fuerza de la necesaria viene desde hace tiempo".En cuanto al uso de funcionarios policiales infiltrados en marchas y movilizaciones, el director del Centro de DD.HH. de la U. Diego Portales apuntó que "ese es otro ejemplo de cómo la autoridad política y de Carabineros no se toma en serio las regulaciones del control social (...) Carabineros no puede decir que está haciendo labores de inteligencia para infiltrar funcionarios en las marchas"."Por eso el anuncio de proyecto de ley por parte del Gobierno es por lo menos extraño, existe legislación que permitiría hacer frente a las situaciones que el Gobierno dice querer contener", sentenció.La ex Defensora Nacional, abogada Paula Vial, cree que la exposición mediática que han tenido las demandas estudiantiles, es una vitrina donde todos los actores políticos han buscado obtener un palco de opinión, y donde el Gobierno ha querido reenfocar el discurso contra la delincuencia, hacia los estudiantes.Vial señaló que “las manifestaciones públicas evidencian los excesos policiales, los hacen masivos y menos selectivos. Esta batalla contra la delincuencia postergada de la agenda pública con el movimiento estudiantil, pareciera haberse enfocado en ellos, y hoy los estudiantes se convierten en los nuevos enemigos del Estado y en el nuevo foco de criminalidad que hay que combatir”.El informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dedica un capítulo completo titulado “Protesta social y derechos humanos”, donde garantías ciudadanas como el derecho a reunión y la libertad de expresión de han visto amenazados al momento en que la población toma protagonismo desde las calles.Esta situación fue recalcada por la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, quien advirtió que la agitación de grupos ambientalistas y estudiantiles es diametralmente opuesta a la concepción del Gobierno de orden público:“Claramente la ciudadanía parece estar despertando, estar consciente de sus derechos y salir a la calle a exigirlos, posiblemente con la sensación de que esa es la única manera de hacerlos valer. En ese sentido, ese interés estaría chocando con cierta actitud del Gobierno, que da la impresión que toda manifestación es por definición desorden, y ojalá no estuviera pasando y hay que evitarla a toda costa, reprimirla si es posible. Tengo la impresión que el incremento de la protesta es equivalente a la mayor fuerza en el intento de reprimirla”.Fuente:diarioreddigital.cl |
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