“La batalla contra la delincuencia pareciera haberse enfocado en los estudiantes”
Juan San Cristóbal
En diez capítulos, la novena edición de este informe abarca desde el incendio en la cárcel de San Miguel hasta la movilización estudiantil de nuestros días. En este ámbito, el director del estudio, Jorge Contesse, apuntó sobre la conducta de Carabineros en contra de las manifestaciones, haciendo de los métodos represivos una práctica común.
“Los abusos policiales han sido crecientemente documentados, y lo que en informes anteriores hemos mostrado como situaciones singulares, hoy vemos que son prácticas extendidas, particularmente en Carabineros. Las vulneraciones de derecho que han sido examinadas en otros años, como los asesinatos por la espalda de jóvenes mapuche, tomaron la forma de funcionarios presionados por mantener el orden público, sin aparente contención política, a los límites de su actuación”, señaló el investigador.
Por su parte, la ex Defensora Nacional, abogada Paula Vial, recalcó sobre la exposición mediática que han tenido las demandas estudiantiles, una vitrina donde todos los actores políticos han buscado obtener un palco de opinión, y donde el Gobierno ha querido enfocar el discurso contra la delincuencia, enfocado hoy hacia los estudiantes.
Vial señaló que “las manifestaciones públicas evidencian los excesos policiales, los hacen masivos y menos selectivos. Esta batalla contra la delincuencia postergada de la agenda pública con el movimiento estudiantil, pareciera haberse enfocado en ellos, y hoy los estudiantes se convierten en los nuevos enemigos del Estado y en el nuevo foco de criminalidad que hay que combatir”.
El informe dedica un capítulo completo titulado “Protesta social y derechos humanos”, donde garantías ciudadanas como el derecho a reunión y la libertad de expresión de han visto amenazados al momento en que la población toma protagonismo desde las calles.
Esta situación fue recalcada por la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, quien advirtió que la agitación de grupos ambientalistas y estudiantiles es diametralmente opuesta a la concepción del Gobierno de orden público.
“Claramente la ciudadanía parece estar despertando, estar consciente de sus derechos y salir a la calle a exigirlos, posiblemente con la sensación de que esa es la única manera de hacerlos valer. En ese sentido, ese interés estaría chocando con cierta actitud del Gobierno, que da la impresión que toda manifestación es por definición desorden, y ojalá no estuviera pasando y hay que evitarla a toda costa, reprimirla si es posible. Tengo la impresión que el incremento de la protesta es equivalente a la mayor fuerza en el intento de reprimirla”, sostuvo.
En la cita participó también la senadora Lily Pérez, quien apuntó que los medios de comunicación vulneran los derechos de la población, del momento en que parcelan la información entregada, muchas veces protegiendo los intereses de quienes cometen delitos en contra de las garantías de la ciudadanía.
Entre las novedades de este informe respecto a entregas anteriores, destaca la inclusión de capítulos completos dedicados a justicia ambiental, condiciones laborales en el punto de trabajo y sistema penitenciario, esto a propósito del mencionado incendio del 8 de diciembre pasado en la cárcel de San Miguel, el que abre el período de investigación.
Otras de las materias incluidas en el informe mantienen el análisis sobre la condición de los pueblos originarios y la reivindicación mapuche, el actual estado de la política criminal y justicia militar, además de profundizar en distintas situaciones donde se ven vulnerados los derechos de las mujeres, así también de diversidad sexual.
Fuente:radioudechile.cl
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