Es indiscutible que quienes se encuentran privados de libertad han cometido algún delito, también es verdad que a pesar de que se dice que el sistema carcelario chileno pretende insertar a estas personas en la sociedad una vez cumplida su pena, eso no ocurre dadas las condiciones en que se cumplen estas penas.
Durante años se ha reconocido que las cárceles chilenas están sobrepasadas en su capacidad de recibir reos. Mucho se dice, también, que la justicia no funciona ya que los delincuentes entran y salen de los centros de detención como Pedro por su casa. La frase de “la puerta giratoria”, instalada por la derecha durante su campaña electoral, apeló al miedo y los altos índices de victimización de los chilenos, para captar votos con la promesa de terminar con la delincuencia, sentimiento de temor exacerbado por los noticiarios de televisión que ocupan gran parte del tiempo de transmisión a las noticias policiales.
Chile se encuentra dentro de los países que más presos tienen en sus cárceles después de Estados Unidos y cada año ingresan alrededor de 3.500 personas lo que hace insuficiente la capacidad de los centros penitenciarios.
Frente a la horrorosa muerte en un incendio de 81 chilenos, reos de la cárcel de la comuna de San Miguel, en Santiago, las autoridades han pregonado a los cuatro vientos que el problema se arrastra por décadas, pero nada se ha dicho sobre afrontar el origen de la delincuencia. Se ha optado por el camino fácil: el punitivo. Nada dicen, las autoridades, de cómo evitar lo que los sociólogos llaman contaminación criminológica, si es sabido que las cárceles chilenas son verdaderas escuelas del delito donde la ociosidad y la formación de pandillas que enfrentan a bandas rivales es algo cotidiano. Los centros de detención cuentan con todas las condiciones para que esto siga ocurriendo Quienes ahí murieron calcinados, a pesar de haber delinquido, fuera de su calidad de delincuentes, eran y son vulnerados en sus derechos humanos fundamentales, es algo que las autoridades deben reconocer.
El sistema judicial en Chile es básicamente punitivo y está muy por debajo de la reinserción a la sociedad de los que violan las leyes y apunta directamente a la represión. Las promesas de Piñera en campaña se referían a un aumento del contingente policial y al aumento de las penas en los delitos de mayor connotación pública. Resulta grave la despreocupación, insuficiente inversión e incapacidad de gestión gubernamental en el trato a la delincuencia. El hacinamiento en las cárceles, el mal trato a adolescentes privados de libertad, y las inapropiadas políticas de rehabilitación constituyen un serio atentado a los derechos de las personas.
Empresarios, políticos y medios de comunicación reaccionan ante la violencia de los excluidos exigiendo represión y cárcel. No se escuchan propuestas de efectiva integración. Nadie habla de escuelas, centros de salud y deportes integrados, menos de barrios sin segregación social. Se sigue sin comprender que la rabia y el resentimiento acumulado explican en gran medida el aumento de la delincuencia juvenil y también los episodios de violencia que recorren de tanto en tanto las calles del país. Pese a que en su inmensa mayoría las víctimas de la delincuencia son trabajadores y trabajadoras que habitan en las barriadas populares, los medios de comunicación concentran su cobertura, y crean alarma pública, exclusivamente en los casos que afectan a personas de alto nivel social. Ello lleva a las autoridades a asignar un porcentaje desproporcionado de recursos a la protección de una minoría.
Especialmente preocupante es la ley aprobada bajo presión de la derecha durante la administración de Bachelet, que rebaja la responsabilidad penal a los niños de 14 años, y que fue criticada por numerosas organizaciones de derechos humanos y por UNICEF por violar las convenciones internacionales sobre los derechos de la infancia y adolescencia, hoy vemos niños de 10 a 13 años involucrados en hechos de carácter delictual porque no son imputables, por lo que son utilizados por adultos en la comisión de delitos.
La falta de compromiso y el no apuntar al origen del problema hace que cada día los delitos aumenten, que las cárceles estén repletas. Los recursos invertidos en reprimnir son muy superiores a los que se invierten en rehabilitación. La represión, no puede ser el pilar de la seguridad de las personas, ya que esta visión reduccionista del problema permite la des-responsabilización del Estado, respecto de las causas que originan conductas delictivas.
Lo más grave es que a pesar de que el colapso del sistema carcelario se conocía, sólo hemos reparado en él con los gritos desgarradores de quienes no fueron sacados a tiempo de sus celdas y murieron calcinados.
Andrea Dufournel
Temuco.
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