Un informe que da cuenta de la aplicación sostenida de la Ley Antiterrorista contra dirigentes mapuches presentó en Ginebra, Suiza, el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.
Hasta la sede principal de la ONU arribaron también portavoces del pueblo Mapuche, que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos en Chile.
Duras críticas al Estado chileno sobre el trato y la integración de los pueblos indígenas planteó en su último informe el Relator Especial de la ONU, James Anaya. “El Relator Especial tiene conocimiento de acontecimientos recientes con relación a los presos mapuche y sobre la reforma y la aplicación de la Ley Antiterrorista”, señala en su informe presentado a comienzos de semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ello en la sede central del organismo en Ginebra, Suiza.
Anaya se refirió extensamente a la situación del pueblo mapuche en Chile, que ha denunciado en reiteradas ocasiones al gobierno de reprimir con exceso de fuerza las manifestaciones en demanda de sus derechos políticos y territoriales como nación. El relator escuchó en los últimos días el testimonio de diversos portavoces mapuches, como Fidel Tranamil Nahuel, en representación del territorio Makewe, que denunció la militarización de su territorio y una creciente represión policial contra la población civil.
“El proceso centenario de enajenación de nuestras tierras ancestrales por particulares y empresas nacionales e internacionales con la benevolencia de las autoridades chilenas, empobreció a nuestras comunidades, impidiendo que las actuales generaciones puedan desarrollarse y vivir un nivel de vida acorde a los estándar de vida sustentable y de respeto con la naturaleza”, señaló Tranamil, quien es además machi o autoridad religiosa mapuche.
“Los proyectos de desarrollo y de infraestructuras – agregó-, tales como la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas y particularmente el actual proyecto de un Aeropuerto en el territorio de Makewe-Trapilwe se realizan sin consulta de las comunidades concernientes y en contravención con el Convenio 169 de OIT”. Todo ello, denunció el portavoz, en un escenario donde “las legítimas protestas sociales son violentamente interrumpidas por la policía chilena, quienes detienen indiscriminadamente a los participantes incluyendo a mujeres, ancianos y niños”.
“El actual gobierno no tiene la voluntad política para implementar una política pública de restitución de territorio a las comunidades afectadas. A esto se suma la negligencia del sistema judicial para administrar justicia, causando un incremento de las movilizaciones de las comunidades desposeídas, que a su vez son reprimidas con extrema violencia, con uso de armamento y gases altamente tóxicos”, denunció Tranamil en su intervención.
Denuncia de menor de edad
Fidel Tranamil estuvo acompañado en Ginebra por Francisco Painevilo, miembro de la comunidad “Comunidad Jose Jineo Ñanco”, un menor de edad que aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que fue detenido, secuestrado y torturado por efectivos policiales chilenos en octubre de 2009, cuando tenía 14 años, en el curso de una protesta ciudadana por tierras usurpadas.
“Fui perseguido desde un helicóptero policial mientras recibía impactos de perdigones en distintas partes del cuerpo, siendo alcanzado por la policía, amarrado de manos, sometido a vejaciones, insultos racistas, golpes y sumergido en un canal para luego ser secuestrado en helicóptero y trasladado hacia las inmediaciones del fundo Santa Lucia”, relató el menor en Ginebra. “Posteriormente fui trasladado en helicóptero a la comuna de Vilcún, trayecto en el que fui sometido a torturas, amenazándome con lanzarme al vacío si no entregaba los nombres de los ocupantes del fundo y reconocer mi participación en las movilizaciones”, indicó Painevilo.
El menor relató ante la ONU que si bien se presentó una querella criminal ante tribunales militares por torturas, hasta la fecha dicha investigación no entrega resultados concretos. “No existe además una política particular para la atención a menores de edad mapuche, víctimas de tortura físicas y psicológicas que incorpore el modelo de sanación espiritual cultural mapuche en pro de restablecer la salud integral de las víctimas, sus familias y de la comunidad”, denunció, demandando al Estado Chileno “una política de reparación e indemnización a las victimas menores de edad que viven la experiencia de vulneración de derechos de la infancia”.
Otro testimonio presentado en Ginebra fue el de Jorge Huenchullan, portavoz de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quien centró su exposición en la grave vulneración de derechos humanos que sufren los mapuches por parte de las autoridades de gobierno. “Nuestra comunidad ha sido perseguida desde el año 1991 con una serie de atropellos. En el solo año 2006, se realizó más de 20 allanamientos policiales, lo que deja en evidencia la persecución sistemática hacia nuestros dirigentes y comunidades”, señaló.
Huenchullán denunció en particular el juicio por “terrorismo” que van a enfrentar en fecha próxima ocho miembros de su comunidad. “Esta normativa incluso se aplicó a dos menores de edad, vulnerándoles todos sus derechos como niños”, subrayó el dirigente. “La aplicación de la Ley Antiterrorista nos ha negado el derecho a un debido proceso y ha generado situaciones absurdas e injustas como la mía. Me han hecho 15 juicios en tribunales civiles, también tres procesos en tribunales militares, en los cuales siempre resulté absuelto. Sin embargo, sin haber sido nunca condenado por un tribunal, pase tres años de mi vida en la cárcel”, denunció.
“Señor Relator, no hay terrorismo mapuche en Chile, lo dijo el embajador estadounidense en Chile en el año 2009, lo que hay es ganas de justicia y paz”, señaló Huenchullan en su intervención, solicitando al representante de la ONU la presencia de Observadores de Naciones Unidas en territorio mapuche, sobre todo para monitorear el normal desarrollo del juicio oral que afectará a miembros de su comunidad.
Anaya dijo estar al tanto de estas denuncias, pero aclaró que “el Gobierno chileno ha sido receptivo a mis comunicaciones en relación al pueblo mapuche, al menos a la hora de responderme”. “En lo que se refiere a los presuntos malos tratos contra menores, el Gobierno asegura haber tomado las acciones necesarias, castigando a los responsables”, agregó el relator. Sobre las demandas de autodeterminación de la nación mapuche, Anaya recordó que esta comunidad tiene ese derecho, al igual que el resto de pueblos del mundo, pero consideró que “la cuestión clave es dar con la fórmula que les permita ejercer ese derecho”.
Anaya desestimó la existencia de una pretensión separatista de los mapuches en Chile, tal como aseguran sectores contrarios a sus reivindicaciones. “Los mapuche viven en todo Chile (...), por lo que pretender un Estado separado para el pueblo mapuche no parece una solución viable. Realmente, no es algo por lo que presione mucho el pueblo mapuche. Al menos, no es algo que yo oiga a menudo”, indicó. En su opinión, la solución pasa por “un modelo que permita al pueblo mapuche controlar genuinamente su destino, mantener la integridad de su identidad cultural y el control de sus recursos tradicionales y sus tierras, y beneficiarse de todo ello, en coexistencia con el resto de la sociedad chilena”, argumentó.
Preocupante escenario
En el ámbito mundial, el relator especial de Naciones Unidas llamó también la atención sobre la creciente amenaza que representan las empresas extractoras de materias primas, que son “fuente de abuso de los derechos de los pueblos indígenas”. Anaya explicó que su conclusión es producto de un cuestionario que envió a los gobiernos, cuyas respuestas han constatado que “no hay conciencia real sobre el impacto que las industrias de extracción tienen en los pueblos indígenas, ni sobre el papel y responsabilidad de los Estados para proteger sus derechos”.
Anaya subrayó que el “vacío de poder” es tal vez la principal amenaza que sufren los pueblos indígenas de América Latina, pues en casos como el de Colombia los ha situado al borde de la extinción. Ese vacío de poder, afirmó Anaya, es aprovechado por grupos narcotraficantes o fuerzas armadas irregulares, que pasan a controlar amplias zonas de territorio pobladas por indígenas.
“Este elemento, combinado con una falta de control eficaz por parte de los gobiernos, ha hecho que las circunstancias en las que viven los indígenas sean extremadamente peligrosas”, indicó. El Relator destacó el caso de Colombia, donde "el propio Tribunal Constitucional ha declarado que hay comunidades indígenas que están amenazadas de extinción por el tipo de agresiones que han sufrido y por el vacío de poder dejado por los gobiernos, que ha sido ocupado por fuerzas irregulares conectadas con los carteles de la droga".
El relator especial expresó su preocupación por la extensión de este modelo a América Central y a México. “Es una pauta preocupante. Los indígenas no sufren solo las habituales agresiones físicas, culturales, económicas y sociales, sino que también son víctimas del vacío de poder”, declaró. “Los narcotraficantes y las fuerzas paramilitares asociadas a su actividad se han convertido en muchos lugares en las mayores amenazas para los pueblos indígenas, sin duda alguna", dijo.
Fuente:laopinon.cl
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