ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS DECLARA
Chile se encuentra en un momento muy especial de su
vida social y política. El último tiempo se ha caracterizado por
las inmensas manifestaciones de ciudadanos que en forma
masiva se han lanzado a las calles para sostener sus demandas
sobre problemas que interesan a todos los chilenos.
Miles y miles de chilenos se pronuncian en contra del
proyecto de construcción de la mega represa en la región de
Aysén. Es una inmensa mayoría de chilenos los que se
plantean la defensa del medio ambiente contra la política
depredadora de las grandes empresas. La defensa del
medioambiente natural es un derecho y una obligación para
todos quienes queremos preservar el mundo de su destrucción
a manos de intereses egoístas. El proyecto de la mega represa
constituye una respuesta cómoda pero irracional frente a los
desafíos de generar las energías que se necesitan para el
desarrollo del país. Está claro hoy en día que existen
alternativas que sí pueden asegurar un desarrollo sustentable
en lo ambiental. Como ha señalado el Comité Permanente de
la Conferencia Episcopal de Chile “La respuesta técnica tiene
que ser pensada desde la finalidad humana, como un medio
que responde a un fin que la justifica y le da sentido. La
ciencia sin conciencia constituye una verdadera amenaza
para el bien común de la sociedad.”
No es extraño que en forma transversal los más amplios
sectores ciudadanos y personalidades sociales y políticas estén
decididamente por la defensa de nuestro medio ambiente.
La respuesta del gobierno a este clamor de la
ciudadanía, sin embargo, ha sido hasta aquí de un
enceguecimiento cerrado que se niega a toda real alternativa.
Y, por el contrario, ha descargado sobre los manifestantes la
fuerza de una represión desmedida con uso de armas dañinas
que atentan contra la salud y contra la dignidad de las
personas.
Contrariamente a lo que dice el gobierno y la fuerza
pública esta represión no es la respuesta a supuestas
manifestaciones violentas de los defensores del
medioambiente. Por el contrario, lo que origina la violencia es
la forma en que se reprimen las manifestaciones pacíficas y la
inexistencia de conductos reales de participación de la
ciudadanía en la solución de los conflictos.
Esto no puede desconocerse. Entre muchos otros
testimonios, tenemos el del Vicario General de la Iglesia de
Aysén que señaló que “la violencia no cabe en un recinto
sagrado” y condenó la “abrupta intromisión de efectivos
policiales en la Catedral de Coyhaique”.
Los mapuches que se movilizan por sus derechos con el
apoyo de los trabajadores, estudiantes, profesionales, artistas,
sectores religiosos y defensores de los derechos humanos, son
objeto de una brutal represión que ya ha causado víctimas
fatales sin que jamás se castigue debidamente a los culpables.
A los mapuches, en cambio, se les aplica una ley antiterrorista
que la Asociación Americana de Juristas no puede dejar de
denunciar como absolutamente aberrante, con testigos cuyo
nombre no se conoce, a quienes no se les ve la cara y, además,
a quienes los abogados defensores de los mapuches no pueden
contrainterrogar como debe ocurrir necesariamente en todo
debido proceso. Los ministros de la Corte Suprema dicen que
a ellos les cabe sólo aplicar la ley existente. Los mapuches
condenados realizan ya por decenas de días una heroica huelga
de hambre y parlamentarios, el Arzobispo de Santiago, y
muchos otros sectores piden se aplique el indulto presidencial
a los mapuches en forma inmediata como única salida a la
situación. La Asociación Americana de Juristas comparte
plenamente este planteamiento. Desgraciadamente hasta este
momento no se ve de parte de las autoridades una actitud para
dar una solución real y humana.
Los estudiantes universitarios y secundarios, los profesores y
apoderados protestan por el estado de la educación, por la
defensa de la educación pública, contra la usura que significa
el crédito universitario con aval del estado, por la gratuidad del
pasaje escolar y, cada vez con mayor insistencia por el término
de la fracasada municipalización de los colegios y en contra de
la concepción neoliberal que hace de la educación (como de la
Salud, la Previsión, etc.) una mercancía para el lucro de los
empresarios.
Los campesinos denuncian y luchan en contra del
sistema de semillas cautivas y el proyecto de ley que al
respecto prepara el gobierno para favorecer a las grandes
empresas que monopolizan esta actividad. En particular las
mujeres campesinas, organizadas en ANAMURI, encabezan
reivindicaciones que no sólo les interesan a ellas sino son
fundamentales para la independencia alimentaria del pueblo
chileno.
Los trabajadores agrupados en su organización CUT han
anunciado ya una movilización nacional para el mes de
Octubre porque la injusticia se desarrolla en nuestro país con
mayor fuerza y se manifiesta en la violación continua de los
derechos sociales contemplados en los acuerdos
internacionales que Chile ha firmado. Chile es uno de los
países con menor tasa de sindicalización, con permanente
burla a los derechos de los trabajadores, con el trabajo precario
hecho sistema generalizado, con una ola de despidos que no se
veía desde los tiempos de la dictadura, etc. Toda esta situación
es el resultado de las leyes laborales que dejó la Dictadura y
que no se pueden modificar por el carácter rígido de la
constitución política y de las principales leyes.
Hemos llegado a una situación en que el descontento es
generalizado. Las manifestaciones continuarán y aumentarán
porque de parte de las autoridades no hay decisión política de
producir cambios.
Una gran parte de la ciudadanía se da cuenta de que la
institucionalidad en que vivimos no permite al pueblo chileno
hacer valer lo que es el principio de la soberanía nacional.
Vivimos en una sociedad en que no existe participación real
del pueblo en la toma de decisiones. La Constitución de 1980
se dictó por los sectores antidemocráticos para asegurarse que
el sistema neoliberal que a sangre y fuego impuso la dictadura
no pudiera ser alterado. El sistema electoral binominal, los
quórum prácticamente inalcanzables que se necesitan para
modificar las leyes, la ausencia de instituciones políticas de
participación ciudadana como las que existen actualmente en
las constituciones modernas, como la iniciativa popular de ley,
el plebiscito vinculante como manera de resolver diferencias,
la posibilidad de revocar el mandato de los representantes.
Todo esto conspira en contra de una efectiva participación
ciudadana, es decir en contra de auténtica democracia.
No puede hablarse de estado de derecho y de respeto
efectivo a los derechos humanos mientras subsista esta
situación. Ella explica, además, la profunda decepción que
existe en vastos sectores ciudadanos, en especial en los
jóvenes, respecto de la política y sus representantes.
La derogación de la Constitución de Pinochet y el
llamamiento a Asamblea Constituyente para que el pueblo de
Chile se de la organización que refleje su voluntad soberana se
convierte hoy por hoy en una tarea que debe congregar a todos
los demócratas de nuestro país.
El problema de la mega represa de Aysén no puede ser
resuelto por una simple reunión de “Seremis”, nombrados
todos por el mismo gobierno. Lo que se resuelva al respecto va
a incidir en forma permanente en el futuro de Chile. Es
necesario exigir que sea la ciudadanía la que resuelva a través
de un plebiscito. Está claro que la Constitución de Pinochet no
contempla explícitamente entre sus normas un plebiscito como
este, pero justamente lo que se necesita es modificar la
Constitución actual para dar lugar a la genuina expresión de la
voluntad popular y avanzar hacia una Asamblea Constituyente
que redacte una nueva Constitución con participación efectiva
de la ciudadanía.
Es indispensable resolver el problema de expresión de la
voluntad soberana cuanto antes.
SANTIAGO, 8 de Junio de 2011.
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, RAMA
CHILENA
Juan Subercaseaux Amenabar Secretario General
Ramón Vargas Heyer Presidente
Fabiola Letelier del Solar Manuel Vicepresidenta
Jacques Parraguez Vicepresidente
Juan Guzmán Tapia Vicepresidente
Yénive Cavieres Sepúlveda Directora
Estrella Zúñiga Poblete Directora
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