El gobierno de
Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado la
nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En primer
lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de
momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como
de “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más.
Las definiciones
son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la
información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una
nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el
momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión
voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no
obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir.
En segundo
lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la
multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo
que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y
gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de
la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante
(propiedad de capital argentino y extranjero).
En tercer lugar,
la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y
fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de
privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el
Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La
empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en
otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las
acciones de YPF.
Durante la etapa
de la “sustitución de importaciones” -a partir años treinta- YPF jugó un rol
fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de
los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura
económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de
posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial.
Su modelo de
exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que
la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más
sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema
de protección social.
Tras la
dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el
gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si
bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho
proceso.
Junto a esa
privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización
de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron
las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis
de 2000.
Sólo después de
que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso
acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el
país volver a remontar aquella situación.
En cuarto lugar,
Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de
todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital
extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados
habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana
PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado
español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%)
y de más capital privado español.
En quinto lugar,
Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse
nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el
mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un
tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el
30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro
tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero
también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy
probablemente no se contabilice en España.
En sexto lugar,
el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización
argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que
conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un
11,97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un
1,71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas
privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no
sus trabajadores.
En séptimo
lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el
beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su
estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la
estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las
razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para
poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.
En definitiva,
hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque
adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino
los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos
privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado,
españoles-.
Por lo tanto, es
una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una
compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que
afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos-
que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.
Esta no es la
guerra de los trabajadores españoles. En todo caso queda pendiente ver si la
gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado argentino, será
beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el contrario, será YPF
un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No obstante, no es
ese el tema que ahora nos ocupa.
Es una vergüenza
que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes
empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de
los intereses nacionales de un país soberano como Argentina. Más aún cuando
mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen
recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida.
Para el gobierno
del PP el grado de atención y ayuda prestada depende del tamaño del bolsillo.
Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos,
es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor
opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de
determinados instrumentos políticos.
Instrumentos que
deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos
pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros
–entre ellos el de acciones.
Fuente: Pijus
Economicus
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