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| Escrito por Loreto Soto |
| The Nature Conservancy mantiene estrechas relaciones con las principales empresas petroleras, energéticas, mineras y constructoras del mundo. A principios de esta década ya presentaba una fortuna de tres mil millones de dólares amasada con las donaciones de estas gigantes corporativas, que participan en la compra de terrenos para la conservación de la naturaleza a cambio de “pollution credits” y lavado de imagen. La entidad reclutó a 34 personajes influyentes de la región, incluidos el ex Presidente Ricardo Lagos; el líder de uno de los grupos económicos más poderosos del país, Andrónico Luksic y el dueño del Consorcio Periodístico que maneja el diario La Tercera, Álvaro Saieh. “Empresarios latinos se unen por el medio ambiente”. Así informaban los medios de comunicación de distintos países la inclusión de figuras políticas y grandes empresarios de la región en la creación del Consejo de Conservación para América Latina, iniciativa patrocinada por la fundación estadounidense The Nature Conservancy. El selecto grupo está integrado por ejecutivos de la talla de Emilio Azcárraga, director ejecutivo de Televisa y Gustavo Cisneros, presidente de uno de los conglomerados de comunicaciones más poderosos del continente. También son miembros el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y Roberto Hernández, presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México. En Chile, tal como lo informó radio.uchile.cl, la ONG norteamericana reclutó nada menos que al ex Presidente, Ricardo Lagos, al líder de la principal fortuna del país, Andrónico Luksic y al dueño de Corpbanca y del Consorcio periodístico que controla el diario La Tercera, Álvaro Saieh. El anuncio generó suspicacia en las organizaciones ambientalistas, que no vieron con buenos ojos que algunas de las personas ligadas a los principales conflictos ambientales del país formaran parte de una de las más grandes fundaciones ecologistas del mundo. Y al parecer las sospechas no eran infundadas. Una extensa investigación realizada por el periódico estadounidense The Washington Post dejó al descubierto los mecanismos con los que opera la fundación que congregó a los influyentes empresarios latinoamericanos. De acuerdo a lo que señala la publicación, The Nature Conservancy ha sobrevivido durante más de seis décadas gracias a las intrincadas relaciones que mantiene con grandes compañías energéticas, petroleras, mineras, papeleras y constructoras, que donan millonarias sumas para la compra de hectáreas destinadas a la conservación de la naturaleza. De esta forma, la organización sin fines de lucro logró amasar una fortuna que, a principios de esta década, alcanzaba los tres mil millones de dólares en activos. Pero la conexión con algunas de las firmas más cuestionadas por su prontuario ambiental no es gratis ni de buena voluntad. De hecho, la relación podría calificarse como un lucrativo contrato donde ambas partes ganan: la organización recibe dinero para mantener sus áreas protegidas de administración privada y negocios, mientras las empresas limpian su nombre y logran concesiones. De emprendimiento científico a máquina de ganancias En la década de los 40, un grupo de científicos de la Unión Ecologista decidieron aunar fuerzas para realizar acciones directas en la protección de las áreas naturales amenazadas, indica la página web de The Nature Conservancy. Sin embargo, sólo el 22 de octubre de 1951 la entidad es reconocida como una organización sin fines de lucro, con sede en Washington D.C. En 1955 se logró la primera acción que configuraría la estrategia de funcionamiento de la ONG, cuando concretó la compra de 24 hectáreas a lo largo del Mianus River Gorge en la frontera entre Nueva York y Conneticut por 7 mil 500 dólares. Según cuenta el artículo del Post, con el boom ecologista de los ´60, The Nature Conservaty creció de a poco, pero en forma sostenida hasta que en los ´80 sus ingresos pasaron de 58 a 222 millones de dólares y contrató 933 empleados. En los ´90 realizaron su primer proyecto a escala mundial que costó 300 millones de dólares para la compra de zonas que serían destinadas a la protección de los ecosistemas. La iniciativa también implicó la internacionalización de la entidad, que en 1994 abrió sus puertas en Brasil. De ahí en más las donaciones llegaron a escalas millonarias: Si en 1993 concentraban poco menos de dos millones de dólares, para el 2000 éstas alcanzaron los 225 millones. Hoy The Nature Conservancy cuenta con más de 500 oficinas repartidas en 33 países y más de mil 900 socios corporativos. En su mesa directiva se sientan nada menos que los ejecutivos de empresas como General Motors, American Electric Power Co, y Southern Co, una importante empresa de energía. Bonos de carbono, “Pollution credits” y lavado de imagen El explosivo crecimiento de esta organización y su atractivo para las grandes empresas no es azaroso. De hecho, algunos de los ejecutivos consultados por el Washington Post aseguraban que esta era una “alianza segura” porque, durante muchos años, The Nature Conservancy declinó referirse a muchos de los temas donde estaban involucrados los integrantes de su junta directiva y sus principales benefactores, tales como el calentamiento global. Todo esto amparado en su política “no confrontacional” y en la creencia de que es necesario lograr concesiones con algunas de las grandes compañías para lograr la conservación de la naturaleza. El prontuario de conflictos de intereses de esta entidad es largo. The Natural Conservancy mantiene transacciones directas con las empresas de los miembros de su junta directiva y su consejo asesor. Paga por sus servicios e incluso les compra terrenos para realizar sus proyectos, negándose a liberar la tasación de la propiedad. Pero además ofrece grandes descuentos a las compañías con las que hacen negocios, siempre y cuando se comprometan a realizar restricciones de desarrollo. Además se ha reportado que otorga créditos a sus integrantes, como el de un millón y medio de dólares a su ex presidente, Steven McCormick. The Nature Conservancy también vende su logo a las compañías para que puedan contar con una especie de “sello verde”, lo que les genera ganancias anuales de 50 mil dólares y para ser parte de su mesa directiva hay que desembolsar al menos 25 mil dólares. Pero eso no es todo. Su proyecto de perforación de la Costa del Golfo de Texas, que buscaba la conservación de una especie de ave típica en extinción, terminó por dañarla aún más con su intervención. Ese periodo también le valió una demanda a la organización por la venta de gas natural que no era de su propiedad, quedándose con las ganancias. El advenimiento le costó 10 millones de dólares. Sin embargo, uno de los aspectos más controversiales se relaciona con la actividad industrial altamente contaminante de algunos de los benefactores de la fundación. Un claro ejemplo es el de American Electric. La empresa fue nombrada por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales como la más contaminante de Estados Unidos a raíz de un conflicto en Cheshire, Ohio. La planta de la zona contaminó de forma irreversible el pintoresco poblado, por lo que la firma se vio obligada a comprar las propiedades de 221 familias. Y mientras el conflicto se trataba de resolver, American Electric desembolsó 11 millones de dólares para una iniciativa de preservación de bosques en Bolivia. De acuerdo, al Washington Post, esta iniciativa podría valerle a la empresa los denominados “pollution credits” – o créditos por contaminación – que la liberarían de instalar costosa tecnología de mitigación en algunas de sus plantas en Estados Unidos. Esta práctica se puede homologar a lo que se ha denominado como el “mercado de los bonos de carbono”, establecido en el Protocolo de Kyoto en 1992. Este mecanismo permite que los países con un nivel tecnológico alto, agrupados en el anexo 1, participen en proyectos de reducción de emisiones en países del anexo 2, es decir, los que no pueden invertir en tecnología limpia. De esa forma, si de acuerdo a los estándares es necesario que una empresa reduzca sus emisiones, lo puede hacer por medio de la compra de estos bonos que financian proyectos limpios. Estados Unidos no es parte del Protocolo de Kyoto, sin embargo, el abogado ambiental y experto en Cambio Climático, Ítalo Volante, aseguró que es probable que las empresas acudan a estos mecanismos para alcanzar los niveles de emisión determinados por sus países. “Puede que exista algún compromiso de carácter corporativo – porque el mercado norteamericano tiene intereses bastante cruzados y muchas veces hay guerras de competencia detrás de las regulaciones – no extrañaría que detrás de una iniciativa que se ve tan buena como esta, haya un gremio completo de industriales que están empujando algún tipo de proyecto para dar cumplimiento en Estados Unidos”, sostuvo Volante. Una situación parecida a la de American Electric, mantienen otras empresas como Exxon Mobil. Esta corporación realizó un lobby intenso para justificar las perforaciones petroleras en Alaska, que destruían un paraje invaluable. En medio de la controversia, Exxon donó 5 millones de dólares a The Nature Conservancy. Lo mismo sucedió con General Motors. GM fue catalogada como la empresa número 1 en generar emisiones de carbono, ya que la producción de sus autos está lejos de ser limpia. Por lo mismo, la organización sin fines de lucro dio origen a un programa que pudiera hacer que las compañías ganaran “pollution credits”, a la que GM contribuyó con 10 millones de dólares, asegura The Washington Post. Lo mismo se repite con la mayor empresa constructora de Estados Unidos, Centex, y algunas de las papeleras más importantes del país como Giorgia Pacific. En ambos casos las empresas son “absueltas” de arrasar con algunas áreas, si es que logran compensar con suculentas donaciones para abrir espacios de conservación en otras zonas. Según el abogado experto en derecho ambiental, esto se ha convertido en una excelente forma de lavado de imagen de las compañías menos amigables con el medio ambiente, que cuentan con una alianza con una respetada organización, muy bien vista por los ciudadanos norteamericanos y europeos. Lagos, Luksic y Caimanes Al analizar el historial de relaciones de The Nature Conservancy no sorprende que se haya elegido a Ricardo Lagos y Andrónico Luksic para tener voz frente a lo que los ambientalistas han catalogado como una estrategia para influenciar a favor de las grandes transnacionales de cara a la reunión de Río de Janeiro 2012. En esa línea, el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cardenas, aseguró que “este consejo tiene como objetivo hacer lobby sobre los países latinoamericanos a favor de las grandes compañías. Es por eso que The Nature Conservancy está inscribiendo a empresarios y políticos regionales para que desarrollen un trabajo de este tipo con vista a la reunión de Río. Como ellos mismos lo han dicho, este Consejo va a ser una voz que va a guiar las acciones de los gobiernos regionales”, denunció el ecologista. Un lobby que podría terminar en tragedia, tal como sucedió en el poblado de Caimanes. Precisamente, durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó la construcción del tranque de relaves El Mauro de minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic. Y al igual como ha ocurrido en los últimos años con el proyecto Hidroaysén, el proceso de calificación estuvo lleno de irregularidades. Patricio Bustamante, una de las personas ligadas al proceso en el área de recuperación del patrimonio arqueológico, contó a Radio Universidad de Chile que se comprometió una completa operación para salvar los restos que se encontraban en la zona donde se iba a construir el tranque. La iniciativa sólo duró dos meses y fue cancelada. Y pese a que la autoridad había obligado a minera Los Pelambres a construir un museo con las piezas que fueran rescatadas, todavía no se ha logrado nada. Este incumplimiento no logró que el proyecto se detuviera. Tampoco se entregaron los estudios técnicos en relación a la capacidad de resistencia sísmica del tranque y, precisamente, la amenaza de derrumbe fue lo que provocó la extensa huelga de hambre de los comuneros durante 2010. Según Bustamante, este es el principal ejemplo de la aprobación de proyectos por razones políticas. “El Estado violó todos los derechos de la gente. Lo peor es que la persona que inició todo esto, Ricardo Lagos, puso todos los organismos a disposición de la minera Los Pelambres y hoy aparece instalándose en una ONG junto a esa misma gente. Cuando el nivel de descaro llega a tal punto se transforma en algo peligroso. Ya no hay límite, esta gente no tiene respeto por la ley y eso quiere decir que la democracia no funciona”, dijo. Y es que – pese a ser nombrado como enviado especial de la ONU para el Cambio Climático – el ex Mandatario no sólo tuvo que ver con la aprobación de cuestionados proyectos como Hidroaysén y Pascua Lama, sino que además durante su administración fue responsable de la privatización de los recursos marinos, de la desmantelación del Plan Descontaminador de Santiago y de la expansión urbana de la Región Metropolitana. Aspectos que van absolutamente en contra de ideales de conservación. Por su parte, Luksic –dueño empresas como Minera Los Pelambres, Banco de Chile, Shell, Canal 13, entre otras – ha manifestado posturas a favor de la implementación de la energía nuclear y también integra el Consejo Asesor de la transnacional Barrick Gold, titular de Pascua Lama. Con esta compañía se están analizando emprendimientos en Pakistán. Saieh, en tanto, es el dueño de uno de los conglomerados del duopolio informativo de Chile, Copesa, una herramienta indispensable para posicionar la “imagen ecológica” del nuevo club al que se unió junto al “Capital Planeta” y a una de las mayores fortunas de Chile. Un grupo donde prima el color verde, como el de los dólares. Fuente: Radio Universidad de Chile |
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