El Gobierno de Chile anunció este miércoles que no autorizará nuevas marchas estudiantiles por la principal avenida de Santiago, La Alameda, mientras crece el rechazo de los estudiantes a las medidas propuestas por las autoridades para afrontar sus demandas de mejoras educativas.
"Las marchas deben detenerse. Por eso quiero decir, de forma categórica y definitiva, que nuestro Gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en La Alameda", afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Para este jueves han sido convocadas dos marchas en la céntrica avenida, una de estudiantes secundarios y una de universitarios, aunque las organizaciones dijeron que el viernes responderán oficialmente a la propuesta oficial para resolver el conflicto iniciado hace más de dos meses.
En tanto, el presidente Sebastián Piñera advirtió este miércoles "que todo tiene su límite", y en esa línea sostuvo que "hemos perdido 60 millones de horas de clases durante las últimas semanas, producto de los paros, tomas, manifestaciones y protestas".
Durante la ceremonia de inauguración de un hospital en la localidad de Cauquenes, a unos 350 kilómetros al sur de Santiago, Piñera afirmó que "nos hemos encontrado con mucha intransigencia y obstrucción, que hacen difícil pasar de la protesta a la solución".
Piñera coincidió con las declaraciones de Hinzpeter al recalcar que "vamos a proteger el orden público y el derecho de la inmensa mayoría de los chilenos a vivir en paz".
En tanto, siete universidades, según radio Bío-Bío, han rechazado la propuesta del Gobierno.
Se trata de las federaciones estudiantiles de la Universidades Católica (FEUC), Santiago (Feusach), de Playa Ancha, Concepción, Valparaíso, Austral de Chile y Tecnológica Metropolitana, que se han pronunciado en contra del documento entregado por el Gobierno.
La FEUC, en un comunicado, se mostró "desilusionada" con la propuesta del Ejecutivo, que "no está a la altura ni de las expectativas generadas ni de las necesidades del país".
Entre sus puntos más importantes, el documento del ministerio de Educación plantea incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de "calidad" y retirar la educación pública de las competencias municipales.
Actualmente la educación pública secundaria está a cargo de los municipios, que denuncian falta de recursos, por lo que los estudiantes exigen que el Estado retome esta responsabilidad.
Las medidas también incluyen la modernización de la carrera docente, una reformulación del sistema de becas y créditos estudiantiles para universitarios, además de que se crea una Superintendencia de Educación Superior que fiscalice la prohibición del lucro en las universidades.
Pese a las declaraciones de Hinzpeter, tanto los estudiantes secundarios, como los universitarios y el Colegio de Profesores, mantienen convocadas sus movilizaciones para mañana.
Fuente:elmundo.es
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