Punto Final
El 17 de enero se cumplió un año de la victoria electoral -en segunda vuelta- del presidente Sebastián Piñera Echenique. El 51,6% que lo apoyó entonces ha descendido al 45% promedio, según revelan las últimas encuestas. Nubarrones imprevistos le aguaron la fiesta. La noche del primer aniversario de su triunfo -que celebró en el Círculo Español con funcionarios de su gobierno y dirigentes y parlamentarios de los dos partidos oficialistas-, el impresionante paro regional de Magallanes cumplía ya seis días. A esa misma hora el “rostro” de su gabinete, Laurence Golborne, prematuro candidato presidencial de la derecha -se sospecha que el juego palaciego lo ha metido en una máquina trituradora para despejar el terreno al verdadero delfín in pectore de Piñera, Andrés Allamand-, tuvo que ser rescatado por fuerzas especiales de Carabineros desde los estudios de una emisora, en Punta Arenas. El atribulado Golborne, ex gerente general de la cadena de supermercados Jumbo y hoy biministro de Minería y Energía, tuvo que tragar bilis y aguantar los insultos y objetos que le arrojaba la multitud indignada por el alza del precio del gas en Magallanes que el propio Golborne autorizó, como presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
El paro en la región de Magallanes, que afectó a las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, obligó al gobierno a dialogar con la Asamblea Ciudadana Magallánica con el dedo en el gatillo de la Ley de Seguridad del Estado. La protesta en la zona austral demostró la rebeldía latente en vastos sectores ciudadanos contra las inhumanas políticas neoliberales que se vienen aplicando sin misericordia desde la dictadura militar. Este fue el factor de fondo que obligó al presidente a reajustar su gabinete. El mandatario dobló la página de la cacareada “nueva forma de gobernar” y echó mano a los procedimientos tradicionales y probados que ofrecen zorros de la política como los ex senadores Allamand y Evelyn Matthei, o los frutos artificiales de la publicidad, como Golborne. El reajuste ministerial -es de presumir que pronto habrá otros- lo desencadenó el ex democratacristiano Jaime Ravinet, que desde la cartera de Defensa hizo enrojecer de vergüenza al gobierno. Lo suyo partió con una pachotada sobre el costo de un puente mecano, que en realidad ocultaba un oscuro asunto de licitaciones y compras del ejército en que se adivina el perfil de las tradicionales comisiones que acompañan las adquisiciones castrenses. Ravinet extremó la maniobra distractiva sugiriendo que revelar el costo del puente -con un sobreprecio de dos millones de dólares- afectaría la seguridad nacional y provocaría tal disgusto al ejército, que éste se restaría de cooperar en catástrofes como el terremoto-maremoto del 27 de febrero de 2010.
Pero no sólo fueron las estúpidas declaraciones de Ravinet las que desataron la tormenta que terminó con su salida del gabinete. Lo peor aún no asomaba en la fortaleza de la Contraloría General de la República. Y cuando lo hizo, sonó como un cañonazo. Se reveló que el general Cristián Le Dantec, jefe del estado mayor conjunto de las FF. AA. (designado en ese cargo por la presidenta Bachelet), andaba en trámites para que el Estado le comprara una residencia por valor de un millón de dólares. En un país donde miles de familias viven en mediaguas que cuestan 250 mil pesos, las aspiraciones de Le Dantec superaban a las de un príncipe saudita. La compra del palacete fue aprobada -según Le Dantec- por el ex ministro Ravinet y por el comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Después de las renuncias de Ravinet y Le Dantec, la situación de Fuente-Alba no puede ser más incómoda y comprometida, esperándose que siga el camino de los anteriores.
Pero allí no terminaron los morterazos de la Contraloría. Otra investigación puso al descubierto un negocio de 9,5 millones de dólares con containers destinados a viviendas de fuerzas militares de un contingente chileno-argentino. En resumen, el affaire Ravinet-Le Dantec puso otra vez al ejército en el vergonzoso lugar al que lo llevó la desenfrenada codicia de Pinochet y sus generales. Y todo esto sucede bajo un gobierno de las mismas fuerzas políticas que apoyaron al dictador y ocultaron sus crímenes y latrocinios. De paso se dio a conocer que ex agentes de la CNI fueron contratados por el subsecretario de Defensa, general (r) Oscar Izurieta, ex comandante en jefe del ejército. Aunque éste recibió una crítica muy clara desde La Moneda, todavía se aferra con dientes y muelas a su cargo.
El presidente Piñera, que insiste en marcar diferencia con el pasado golpista de los pilares institucionales y políticos de su gobierno, reaccionó con rapidez ante estas situaciones y tomó las medidas a que obligaban los hechos, faltando sólo la renuncia del general Juan Miguel Fuente-Alba porque todo lo descubierto por la Contraloría no ocurre en el ejército sin que lo sepa su comandante en jefe.
Pero el panorama es todavía más complejo para La Moneda.
En estos meses ha habido un notorio aumento de las movilizaciones sociales y un deterioro constante de la confianza ciudadana en el presidente de la República, a quien se acusa de no cumplir sus promesas de campaña. La expresión del reciente conflicto con los funcionarios públicos fue insólita en cuanto a su masividad, alcance, organización y voluntad de protesta. Pero la solución del conflicto fue literalmente “entregada” por la CUT con el aval del presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, generando un clima de frustración y cólera. Entretanto, la huelga de los mineros de Collahuasi fue un éxito, a pesar de las amenazas represivas. Hubo además otras movilizaciones importantes, como la de los trabajadores de la cadena de Farmacias Ahumada y de los maquinistas del Metro. Se mantienen las protestas en la zona de Caimanes, por la construcción de un tranque de relaves para la mina Pelambres del consorcio Luksic, y son habituales las protestas de vecinos, profesores y estudiantes y de los damnificados en la zona del terremoto. Las huelgas legales han aumentado, como asimismo el número de trabajadores involucrados. El incendio de la cárcel de San Miguel, con ochenta y un reclusos muertos, desnudó un drama pavoroso que afectó al gobierno aunque el hacinamiento carcelario sea de larga data.
Si bien la reorganización del gabinete no es un hecho fundamental, sí lo fueron las razones que la motivaron, en especial la protesta antineoliberal de Magallanes. Queda por ver si los nuevos ministros se ajustarán a las orientaciones de un presidente formado en la especulación financiera y refractario al trabajo en equipo.
Pero lo gravitante es otra cosa. El gobierno quiere avanzar con rapidez en la profundización del modelo y completar la tarea que dejó inconclusa la Concertación. Hay en marcha diversas privatizaciones. Codelco venderá Edelnor, principal productora de electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande, a menos que triunfe la resistencia de los trabajadores. Tanto la privatización de las sanitarias, ya vendidas en proporción mayoritaria por la Concertación, como la privatización de Enap, que se está estudiando, se podrían materializar sin pasar por el Congreso. Se ha anunciado por otra parte el posible traspaso de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) a inversionistas privados.
Entretanto, la reforma educacional en marcha, con apoyo de la oposición, reforzará el predominio de la educación privada en desmedro de la municipal, laica, igualitaria y gratuita. Y la utilización del bono Auge en las clínicas privadas por los usuarios de la salud pública que no puedan ser atendidos por ésta, significa el traspaso de una enorme masa de recursos fiscales al sector privado, en vez de ocuparlos en solucionar las carencias de los hospitales públicos.
El paro y movilizaciones de los habitantes de Magallanes se constituyen, entonces, en un hecho de primera importancia social y política. A pesar de las amenazas de represión mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado, decenas de miles de personas de todos los sectores políticos y sociales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, protestaron durante siete días en defensa de sus derechos. La protesta magallánica es producto de la cohesión de variados actores y movimientos sociales, agrupados en torno a reivindicaciones justas. Se ha luchado contra el alza del gas y contra el centralismo, por la defensa de Magallanes y de Enap, por el respeto a la opinión ciudadana y contra la politiquería. Regionalismo y transversalidad aparecen como características novedosas de este movimiento que merecen ser consideradas con atención. Sobre todo por quienes aspiran a construir una auténtica alternativa de Izquierda, independiente de la Concertación y de cualquier otro sector que sirva de comparsa al neoliberalismo.
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