Cada vez que la derecha tiene el poder en sus manos, ha dejado un reguero de víctimas. Uno de nuestros ejemplos está marcado a fuego, es una herida que aún no cicatriza a pesar del tiempo transcurrido, las víctimas de la dictadura de Pinochet: asesinados, torturados, detenidos desaparecidos, exonerados y exiliados, miles de perseguidos políticos.
La lucha del pueblo fue intensa, llena de temores, pero como no hay que tenerle miedo al miedo que más miedo da, nos armamos de valor y encaramos de frente al dictador.
Los crímenes cometidos durante la dictadura no han sido resueltos y, salvo la elaboración del llamado informe Valech durante el gobierno de Ricardo Lagos, informe que fue entregado condicionando su conocimiento público hasta que pasen 50 años, y las disculpas ofrecidas con lágrimas en los ojos y por cadena nacional, a todo el país por Patricio Aylwin, verdad y justicia no ha habido.
Se construyó una cárcel especial para los siniestros criminales, Punta Peuco, otros han estado “detenidos” en los cuarteles policiales o regimientos, han sido tratados con guante de seda, no vaya a ser que se molesten.
Volvieron a mirar hacia el cobre, llamado el “sueldo de Chile”, nacionalizado por Salvador Allende, comenzando una nueva etapa privatizadora, cosa que ni el mismo dictador se atrevió a hacer, vendieron las sanitarias a capitales españoles, licitaron las carreteras, y frente a cada cambio de dueño quedaba un reguero de víctimas de la “modernización”: los cesantes.
Los gobiernos de la concertación no lograron, o no quisieron, sacudirse del lastre neoliberal implantado por la dictadura, al contrario lo administraron y vaya que lo hicieron bien, siguieron aplicando las políticas implantadas por Pinochet. Implementaron, con mucho éxito el empleo precario, trabajadores a contrata y a honorarios, desprotegidos legalmente que, al ser despedidos, no tienen derecho a indemnización por años de servicio, siendo desalojados sin mayor remordimiento por las “nuevas” autoridades sin expresión de causa.
Hoy en que nuevamente la derecha, luego de 53 años, llega al poder por votación popular, a nueve meses de asumir tiene a su haber miles de exonerados, a pesar de las promesas realizadas por Sebastián Piñera de no despedir a los funcionarios del sector público, ya suman más de cinco mil y sigue el conteo, según los argumentos utilizados por la vocera de gobierno Ena Von Baer las medidas se han tomado con la finalidad de “optimizar y mejor utilizar los recursos públicos”.
El temor al fantasma de la exoneración afecta a miles de jefes y jefas de hogar que ven en sus trabajos la única oportunidad de alimentar, educar y vestir a sus hijos.
Para la derecha y los gobiernos socialdemócratas las personas no son más que peones que se pueden mover y utilizar a su antojo, no son más que números, la valoración de las personas está muy por debajo de los intereses del capital, son reemplazables. Sólo son mano de obra barata, se continúa privatizando las ganancias y, obvio, se continuará socializando las deudas.
Los trabajadores del Estado, organizados en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ( ANEF ), han respondido a esta embestida del gobierno de derecha con la más grande movilización desde que Piñera es presidente, decididos a enfrentar a aquellos que creen que con la amenaza cierta de los despidos podrán doblegarlos.
La prepotencia con que los trabajadores han sido tratados ha llegado a tal punto que se ha intentado negar un reajuste de sueldo digno, pasar por encima de los fueros maternales, licencias médicas y derechos adquiridos por la lucha de muchos años.
Con esto se confirma que los colaboradores del gobierno fueron llamados directamente desde sus empresas, lo que les hace actuar con la delicadeza de un elefante en una cristalería.
Andrea Dufournel
Temuco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario