“Hay una decisión política de obstaculizar los procesos e instalar la impunidad”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
La dirigenta, que anunció protestas, reveló que la propia jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rosy Lama, mantuvo reuniones con criminales de lesa humanidad.
“Y tampoco debemos olvidar que Piñera también tuvo un encuentro con generales en retiro antes de asumir su cargo en marzo“, recordó.
La dirigenta, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro, dijo que además de frenar la presentación de las querellas, “el gobierno decidió despedir en diciembre a los abogados que llevan las causas”.
“Nos reunimos con Rosy Lama y nos señaló que no les renovarán los contratos. Por ello, vamos a tomar medidas. No podemos permitir la impunidad”, recalcó.
Pizarro, tras decir que algunos de quienes gobiernan con Piñera antes fueron asesores del ex dictador Augusto Pinochet, opinó que la derecha no está interesada en perseguir estos crímenes.
“La ley obliga al Ministerio del Interior a presentar querellas por todos los casos de ejecutados políticos y desaparecidos a partir de este año, pero ¿cómo lo van a hacer sin tener casi abogados?”.
Agregó que ante ese escenario, que a su juicio dejaría unos 3.000 casos sin sanciones, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Vamos a presentar todos los casos en que no hubo justicia, en que los tribunales aplicaron criterios de prescripción o media prescripción”, anticipó.
La dirigenta, quien reveló que hace tres meses pidieron reuniones con el presidente Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que advirtieron el problema a la autoridad.
“Hemos manifestado nuestra preocupación al gobierno y le hemos dicho que el país debe cumplir los tratados internacionales suscritos”, enfatizó.
Pizarro, flanqueada por dirigentas de la AFDD, añadió que su entidad sobrevivió los 17 años de la dictadura “y los 20 años de la Concertación, que tampoco estuvo dispuesta a avanzar en justicia”.
“Podemos ser muy creativas en las protestas”, alertó, tras recordar la ocupación este jueves de las oficinas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En Chile, donde unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un número menor de represores cumplen condena efectiva.
De los 110 ex uniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen hoy penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En total, de 200 condenados en los últimos 15 años, sólo 65 están presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.
“Pero nosotros no queremos que la impunidad se instale sola con el paso del tiempo, que los represores fallezcan de viejos, como sucedió con Pinochet que murió sin ser condenado por ningún delito”, resumió Lorena Pizarro.
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