1) Civiles secuestraron y torturaron a un hombre
Personal policial o de inteligencia vestido de civil secuestró en Providencia a un hombre que participaba en el cacerolazo del jueves y luego, lo torturaron a bordo de un automóvil. La víctima es hijo de un detenido desaparecido.
Yuri Gahona relató que al anochecer se encontraba en calle Bilbao participando en la protesta de las cacerolas, posterior a la marcha estudiantil del jueves “y se bajó de un auto un tipo de civil que me roció con gas los ojos, gas pimienta, según me dijo él mismo. A los dos minutos quedé ciego, por lo tanto, no vi quiénes me golpearon. Yo sólo escuché que eran hombres y al menos dos mujeres. Supe que eran de civil porque el tipo que se bajó del auto era de civil. El resto son funcionarios policiales que me van diciendo en el camino que me llevaban a la posta y a la 19ª comisaría [situada en Miguel Claro, a pocas cuadras]. En la posta de un hospital un médico que me atendió me dijo que me podía hacer desaparecer. Después, en la comisaría los carabineros que estaban en ésta les dijeron a los que me llevaron que no se hacían cargo de un detenido, que no tenía levantamiento de cargo y no había ninguna víctima presente”.
Gahona se “encuentra en libertad y nunca se le formularon cargos, y el fiscal inmediatamente ordenó su libertad. Sencillamente por estar participando en un acto público, que tiene todo el derecho a hacerlo, fue secuestrado, porque en este momento creemos que eso fue lo que ocurrió, un secuestro, y por eso consideramos que el hecho debe ser investigado”, dijo su abogado, Boris Paredes.
El diseño de la “operación Gaona” se parece demasiado al accionar de la Dirección de Información Nacional (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Información (CNI) de la dictadura, cuyos agentes civiles operaban en la impunidad con resguardado de personal uniformado. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD, Lorena Pizarro, dijo que “pido que las personas analicen un segundo lo que significa para un hijo de un detenido desaparecido una experiencia de este tipo: es atacado por civiles, estos civiles lo enceguecen, civiles que –además-, en concomitancia con uniformados que lo sujetan, lo golpean durante un buen rato; luego de eso, enceguecido, es trasladado en un auto que él con esa ceguera no sabe qué auto era, a un hospital donde él pide resguardo y solicita: ‘acredíteme qué es lo que tengo’, y la respuesta que tiene la autoridad sanitaria del médico, que creemos que era el médico, es decirle que “podemos hacerle … desaparecer’, y luego llega a la comisaría, que desde que llega es insultado y es amenazado con las penas del infierno”.
“Esto que le ocurrió a Yuri –añadió Pizarro- es una tortura. Es la re-implementación de prácticas donde civiles descienden de autos y reprimen, con el respaldo de uniformados, a personas que quieren manifestar algún disenso”.
¿Quiénes serán esos “civiles”?
La ciudadanía ignora –y tampoco lo destacan los medios- que aparte de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile también existe una llamada “Agencia Nacional de Inteligencia” (ANI), creada en 2004 por la Concertación, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, al institucionalizarse un engendro del ministerio del Interior que se conoció como “La Oficina”, manejada por “cuadros políticos” como el actual diputado socialista Marcelo Schilling, cuya labor parlamentaria prácticamente no es conocida y resulta un personaje casi invisible en los medios, desde que accedió al cargo no por elección popular, sino designado por la cúpula de su partido para sustituir en la cámara baja al fallecido legislador Juan Bustos, un abogado muy conocido por su participación en el juicio del. “La Oficina” fue creada durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) para disuadir “democráticamente” a los grupos armados que hicieron frente a la dictadura (1973-1990).
A pesar que en Chile existe una ley “de transparencia” es imposible averiguar cuánto personal tiene la ANI y qué hace, porque “de conformidad al artículo 38 de la Ley N° 19.974 la información relativa a la dotación de funcionarios de planta existentes reviste el carácter de secreta”. El mismo secretismo impide saber sobre su personal “a contrata” [contratos por un año] y “a honorarios” [trabajo “flexible” sin prestaciones sociales].
“De conformidad a lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 19.974, se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia o de su personal. Hasta la fecha, no se ha eximido de ese carácter ningún estudio o informe elaborado por la institución” (Gobiernotransparentechile.cl/). Resulta menos difícil averiguar sobre la CIA.
2) Panfletos fascistoides en Providencia
En Providencia suelen aparecer panfletos anónimos fascistoides con la misma leyenda impresa por ambos lados en los colores rojo y azul de la bandera chilena. El volante que se distribuyó el jueves de la última marcha de estudiantes tenía como blanco al senador demócrata cristiano Eduardo Frei, el candidato presidencial de la Concertación derrotado por Piñera, y sus faltas originales de ortografía, puntuación y sintaxis tienen la impronta de un publicista probablemente poco letrado, o sea, alguien de “la inteligencia”:
No se entiende por qué el panfleto alude a Frei como “el primer callampero” de Conchalí, si ni siquiera vive en ese municipio y menos aún es “callampero”, sino más bien lo contrario. En la jerga chilena, el término “callampero” designa a un marginal iletrado, quizás como el autor del panfleto –y por extensión a alguien “ordinario” y de poca valía social–, que reside en una ‘callampa’, como se denomina a un rancho o cualquier choza que en Santiago hoy brotan como hongos después de la lluvia debido al incremento de la marginalidad, los “sin casa” y toda clase de perdedores arrollados por el neoliberalismo chilensis. Conchalí es un municipio del sector norte de Santiago, empero el panfleto apareció en el este de la ciudad y en una de las comunas en que vive la gente más acomodada de la capital.
En esa misma comuna de Providencia apareció la semana pasada otro panfleto de idéntica factura que elogiaba como “patriota” y defensor del “estado de derecho” a su alcalde, Cristián Labbé, ex oficial del ejército que bajo la dictadura trabajó en el servicio de inteligencia denominado CNI, sucesor de la DINA. En esas vísperas del inicio del breve “diálogo” entre el gobierno Piñera y los estudiantes, Labbé radicalizó un poco más el conflicto de la educación al cerrar los colegios de su municipio y anunciar que esos establecimientos de su comuna no recibirán el próximo año lectivo a estudiantes provenientes de municipios capitalinos distintos a Providencia. El “estado de derecho” que defiende Labbé sería el estatus jurídico de la enseñanza municipalizada y la educación privada con fines de lucro, subsidiada por el Estado. La amenaza que desafía ese “estado de derecho”, obviamente, esta personificada por los estudiantes en conflicto desde el 28 de abril, cuya movilización con marchas y manifestaciones avanza hacia la mitad de su sexto mes.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
Fuente:mapochopress.cl
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