EX PRESOS POLITICOS SE REFIEREN AL INFORME VALECH 2011

 El jueves 19 de agosto la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, entregó su informe a la Presidencia de la República.

La dimensión de los crímenes de la dictadura militar queda claramente de manifiesto porque el propio Estado ha reconocido, a través de comisiones asesoras, más de 37 mil casos de sobrevivientes de la tortura y prisión política y más de 3.000 asesinatos. Sin embargo es imprescindible referirse al hecho inconcebible de que esta comisión entregue un informe que reconoce sólo 9.800 nuevos casos de tortura, de 32.000 presentados, y NINGÚN TORTURADOR. Es esta una señal enorme en favor de la impunidad porque indica que en el futuro los torturadores de hoy y de mañana quedarán bajo la protección del silencio cómplice de los actores políticos responsables de este atentado al sentido común y al derecho internacional de los DD HH. Afirmamos que la responsabilidad política de este informe, que ofende la memoria de los caídos y la dignidad de los sobrevivientes y los familiares, radica en los personeros que dictaron el decreto supremo N° 1040 que textualmente dice en su Art. 3: “En el cumplimiento de su objeto, la Comisión no podrá, de manera alguna, asumir funciones de carácter jurisdiccional y, en consecuencia, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento”. Con este artículo el Estado de Chile se pone al margen del derecho internacional que lo mandata según la Convención contra la Tortura que reza: “Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.” (1).Además limita el concepto de tortura, ignorando los montajes de los aparatos de inteligencia y represivos que hasta el día de hoy son de público conocimiento, cuando indica:“No será objeto de calificación la situación de las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos” (2). El mencionado decreto supremo lleva la firma del presidente de la época, Ricardo Lagos Escobar y de su Ministro del Interior José Miguel Insulza Salinas, quienes obraron inconstitucionalmente ya que el Art. 5 de la carta magna, en su último párrafo, dice:“Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.  Posteriormente estos mismos funcionarios pondrán la lápida a la justicia y ratificarán su conducta inconstitucional al dictar la ley N° 19.992, con un artículo 15 que pone 50 años de impunidad a los nombres de los torturadores revelados por sus víctimas.Lo indicado prueba que la primera responsabilidad en esta falta de Justicia, de Reparación y de Verdad histórica es de la clase política del cogobierno de los últimos 20 años, esto es, Concertación y Alianza. Ninguno de sus personeros puede alegar inocencia, ya que en el mejor de los casos los parlamentarios con más escrúpulos alegaron que si no aprobaban “la justicia en la medida de los posible” y la “reparación austera y simbólica” simplemente no se habría legislado. Pobre argumento cuando se trata de los derechos esenciales de las personas y de apegarse al menos a la ley que de por sí está diseñada para dejar en la impunidad los delitos de lesa humanidad. Doble culpa. Pero también hay una responsabilidad en los funcionarios que conformaron esta nueva versión de la Comisión Valech ya que actuaron a espaldas de las víctimas y familiares y de espaldas también, a sus propias conciencias, ya que ni siquiera siguieron el mandato del restrictivo decreto 1040 cuando dice: “la Comisión deberá elaborar un informe que será presentado al Presidente de la República, en el que se indicarán las conclusiones a que arribe, según el recto criterio y conciencia de sus miembros, respecto de las materias establecidas en los artículos 1° y 2°”.(3)Cuestionamos la conducta de funcionarios como María Luisa Sepúlveda, Secretaria Ejecutiva de la Comisión, que amparados en la letra de la ley optaron por el camino fácil de descalificar a 22.000 ex presos políticos, haciéndole un flaco favor a la democracia chilena y poniéndose descaradamente a favor de los victimarios. Rechazamos enfáticamente el concepto reduccionista de “víctima directa” expresado por la funcionaria referida, en nota periodística que publicó el oficialista INDH (4), cuando se limita a quienes murieron o quedaron con mutilaciones físicas o sicológicas. La tortura sicológica de estar en prisión sin otra causa que no fuera política, de ser vejado y reducido a la calidad de cosa, de buscar cárcel tras cárcel a un ser querido, de verlo destruido y maltratado, hace que el entorno familiar inmediato y de todos y todas quienes estuvieron un día u horas en una cancha, en un retén, en su propia casa expuestos a la amenaza de las armas y de la grosera arrogancia de los militares, sean víctimas directas de la tortura y la represión política. También rechazamos el argumento de la “falta de pruebas”, que menciona la misma señora Sepúlveda en la nota referida, porque la historia muestra que los aparatos represivos hacen ingentes esfuerzos por ocultar sus delitos y nunca otorgan “certificado” de tortura. Reafirmamos que el criterio debe ser calificar a todos los ciudadanos que alegan haber sido víctimas de violaciones a los DDHH, salvo aquellos casos en que se demuestre que faltan a la verdad. Llamamos al Gobierno de Chile a rechazar en la forma y el fondo el informe presentado, procediendo a revisar todo lo obrado, conminando a los comisionados a usar criterios de reparación y no de reiteración de los efectos de la represión, en un plazo no superior a tres meses. Consideramos también que es de toda justicia que la reparación material tenga efecto retroactivo a la fecha inicial del mandato dado por la ley N° 20405, del 17 de febrero de 2011.-En el intertanto invitamos a las organizaciones de ex Presos Políticos a sumar esfuerzos y capacidades para preparar recursos ante la Corte Interamericana de Justicia y ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD HH, solicitando que exijan al Estado Chileno cumplir con sus obligaciones. Es esta también una ocasión propicia para insistir en la necesidad política, social y de derecho de tener en Chile un mecanismo permanente que permita a las víctimas de violaciones a sus derechos esenciales presentar sus casos, hacerles justicia, ser reconocidos, y reparados como el derecho internacional manda.  ANEXPPCHILE HISTÓRICA Dirección Nacional 

Santiago 26 de agosto de 2011.

fuente:crónicadigitalcl