El tema emblemático de la lucha estudiantil ha sido el fin al lucro en la educación. Durante dos décadas, se ha realizado de espaldas a la ley. Investigadora revela como grupos económicos de derecha se han enriquecido con esta argucia
Por Francisco Castillo
La periodista María Olivia Monckeberg, autora del "Negocio de las universidades en Chile" reveló los vericuetos de la red que permitió enriquecerse a los sostenedores y esquilmar a los estudiantes. Entre los objetados están los ministros Joaquín Lavín y Cristián Larroulet que tienen (o tenían) acciones en la Universidad del Desarrollo
Fue a principios de los ochenta cuando los cerebros de la derecha económica echaron las bases del modelo económico que hasta hoy perdura. Fueron los “Chicago boys”, discípulos de Milton Friedman, que en Chile fueron liderados por Miguel Kast, Sergio de Castro, Jorge Cauas, Hernán Büchi y otros, quienes operaron al amparo de la dictadura de Pinochet.
Ellos diseñaron este modelo de sociedad mercantilista, que posteriormente recibió el nombre de “neoliberal”. Fue tan exitoso que ni siquiera la Concertación metió mano en él. Creó riqueza, pero no hubo equidad al momento de repartir los beneficios. Ese modelo también tuvo su expresión en la educación superior, nicho creado a fines de los ochenta luego del triunfo de Aylwin: la idea era constituir bastiones donde formar jóvenes que creyeran en el modelo y lo fortalecieran. Al objetivo ideológico se agregó otro: el lucro.
Había un pequeño inconveniente: la normativa creada por la propia dictadura en su Ley General de Universidades de 1981, indicaba que las casas de estudios superiores eran instituciones “sin fines de lucro”. ¿Qué hacer? Simple: crear un sistema que permitiera derivar los ingresos generados a los bolsillos de los dueños de las universidades, sin que ello fuera ilegal. “Hecha la ley, hecha la trampa”, como se dice corrientemente.
Voz autorizada
La periodista, profesora universitaria y Premio Nacional de Periodismo 2010, María Olivia Monckeberg, ha debido multiplicarse en estos días para concurrir a entrevistas, debates y dar charlas sobre el trasfondo de la crisis de la educación superior que tiene al borde de la cornisa al ministro Joaquín Lavín y en ascuas al gobierno en general.
Monckeberg realizó dos investigaciones sobre el tema, las que se publicaron en sendos libros. El último, “El negocio de las universidades en Chile”, de 2007. Demoró dos años en completar el estudio, donde detalla en 650 páginas la compleja red que maneja el mercado de las universidades. Hoy ese texto se ha convertido en insustituible material de consulta.
Las universidades actualmente son más de sesenta en el país; veinticinco de ellas son públicas o particulares que tienen apoyo estatal. Las demás son privadas. De acuerdo a la ley, en Chile está prohibido lucrar con la educación superior. Pero se lucra. ¿Cómo? “Gracias al diseño de alambicadas fórmulas para burlar la ley””, dice María Olivia Monckeberg.
¿Quiénes están detrás de este gran negocio, que con aporte fiscal tiene endeudadas a miles de familias chilenas de clase media con hijos en la universidad? “Son personas de derecha, muchas con figuración y responsabilidad en el diseño y aplicación del modelo económico de la dictadura, o estrechamente vinculadas a grupos económicos”, señala Monckeberg. “La presencia de personeros vinculados a la UDI y a RN es notoria”, remacha.
La universidad de Lavín
Un caso emblemático es el de la Universidad del Desarrollo (UDD) creada en Concepción y cuyo principal campus ahora está en Santiago. Entre sus fundadores hay dos ministros de Piñera: Joaquín Lavín y Cristián Larroulet. Otros conspicuos UDI se incorporaron más tarde a su directiva, el ex ministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi (cuyo jefe de gabinete en esa época fue Larroulet) y Carlos Alberto Délano, “El Choclo”, asesor y financista de Lavín en sus campañas presidenciales. Haciendo gala de buen humor, los jóvenes penquistas apodaron a la UDD como “la Udiversidad”.
Este conjunto de profesionales demostró tener la experticia necesaria para manejar, dentro de la legalidad, las platas que ingresaban a la UDD.
Como el Estado ha tenido hasta ahora un escaso rol regulador, y el ministerio carece de herramientas que permitan una fiscalización eficiente, les fue posible armar la red de sociedades inmobiliarias y compañías “prestadoras de servicios” para lucrar, sin que sea delito.
De acuerdo con las investigaciones de Monckeberg, estos dirigentes UDI crearon la Inmobiliaria Ainavillo, que fue la matriz de otras cuatro sociedades de papel. Entre ellas, Estudios Económicos Limitada (de Joaquín Lavín) y El Otoñal S.A. (de Larroulet).
En marzo de 2002, Ainavillo se transforma en S.A. cerrada con domicilio en Santiago. Su objetivo es el “arriendo, subarriendo de inmuebles, construcción, modificación, explotación, administración y gestión de negocios inmobiliarios”. Impecable. Todo legal. En la misma época, firman acuerdo con la Clínica Alemana para apoyar su escuela de Medicina.
Gracias a la inyección de fondos del grupo Penta (Délano) y a contratos de leasing con bancos (Estado y Chile), compran, construyen, arriendan edificios para la UDD. La instalación en Santiago se materializa tras adquirir la quebrada universidad de Las Condes y enajenan terrenos en San Carlos de Apoquindo para levantar allí su sede central.
El juego de compras, ventas, arriendos y subarriendos de propiedades entre estas sociedades con la UDD sirven de paraguas para disimular las actividades lucrativas que se han generalizado en las universidades privadas. Porque esta práctica de las “inmobiliarias” es usual en el lucrativo negocio universitario privado.
“En una casita”
De las 36 universidades privadas que existían en 2007, 21 se crearon a fines de la dictadura, gracias a concesiones del gobierno de Pinochet.
No pocas partieron, emulando la canción, instalándose “en una casita, muy linda y chiquita”, en Las Condes y en el barrio República. Las piezas se transformaron en salas, oficinas y espacio para la recepción. Después agregaron galpones. Cuando los alumnos pagaron sus aranceles, compraron las casas vecinas hasta completar la manzana. Acudieron a los bancos, firmaron convenios, y así fue creciendo el negocio.
Los aranceles fueron subiendo año tras año. Y las deudas de los muchachos y sus familias también. Eso, porque se abrió la posibilidad de otorgar créditos con aval del estado a estudiantes de universidades privadas.
“Este modelo tiene que ver más con la libertad de empresa que con el derecho a la educación y con la responsabilidad del estado frente a ese derecho ciudadano”, dijo María Olivia Monckeberg a Cambio21. “El empresariado docente le debe explicaciones al país, pues ha lucrado durante años, y ahora, por si fuera poco, tiene la posibilidad de ‘blanqueo’, de acuerdo con lo que dijo Piñera”, agrega.
La periodista añade que, por primera vez, en estos días, estos personeros han reconocido que el negocio de la educación superior les ha dado ganancias (lo hizo Lavín en un programa de TV). “Han actuado de espaldas a la ley. Las disposiciones legales de los 80 y los 90, establecen que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Y todos sabemos cómo lucran, cobrando aranceles excesivos con los cuales adquieren propiedades que se transan; se llega a la compraventa de universidades, donde participan fondos de inversión, que son organizaciones lucrativas”.
Las marchas
Contra esto es que se han estado manifestando los estudiantes. Monckeberg, en su calidad de profesora de la Universidad de Chile, participó en las marchas de junio. “Fue impactante constatar la postura crítica, la convicción, el humor y la creatividad de los estudiantes, así como la emoción que experimentaron al ver a sus profesores, decanos y hasta rectores marchando junto a ellos. Eso es notable, nunca antes visto. Es reconocerse en la calle, en forma pacífica, original, creativa. La motivación de los estudiantes y del resto de la comunidad ha sido muy interesante y además extraordinariamente masiva”.
A la consulta de si ve alguna salida a este conflicto, confiesa que ve muy complicado el panorama. “Estamos viviendo un momento muy especial. Por una parte veo estudiantes que, con razón, rechazan propuestas que no son adecuadas. Dicen desde el gobierno: hay que apoyar a los más pobres, a la enseñanza técnica, que están abandonados. De acuerdo. Pero resulta que el Estado no tiene enseñanza técnica, porque la privatizaron; regalaron Inacap en el último año de la dictadura. La plata que se anuncia, entonces, va a ir a los privados, a gente incluso vinculada a universidades privadas, como la UDD que es dueña del Instituto Providencia; donde Lavín todavía sigue ligado a su directorio. Otro favorecido sería el grupo de Juan Hurtado Vicuña, de la Santo Tomás, que tiene una red de institutos técnico profesionales”, señala Monckeberg.
Considera que este modelo, tan “exitoso” durante un par de décadas para sus sostenedores, es el que ahora les revienta en las manos. “Aceptaron crear la superintendencia de universidades, pero, ¿tendrá facultades para fiscalizar? ¿Quién asegura que no va a ocurrir lo mismo que con las superintendencias que debieron preocuparse de lo que hacían en La Polar, y no lo hicieron?”.
fuente:cambio21
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