La recuperación de la Educación Pública

De la reforma neoliberal de la derecha a la reforma educacional del pueblo y los sectores democráticos.

Por Nelson Ruminot
Sociólogo, Investigador ICAL

La necesidad de redefinir el rol del Estado como institución articuladora de un sistema público de educación integrado, docente, pluralista y complejo, que recupera a la educación al servicio de los intereses nacionales y que coloca el conocimiento, su producción y circulación en las perspectivas de un proyecto nacional de desarrollo, es una necesidad imperiosa de este periodo de avance de la revolución democrática.

Este es el eje articulador de un proceso de convergencia en el plano de la educación en general, uno que impulse el rol del conocimiento al servicio del pueblo chileno.

En este marco, la actual reforma educacional es un cambio mayor dentro de un proceso de reformas neoliberales que históricamente se iniciaron con la ley general de universidades del año 1981, y que en su actual fase está dirigido a disminuir drásticamente el rol de la educación pública, colocando el conocimiento al servicio del mercado y de la educación privada.

La reforma educacional actual, de Piñera y Lavin, introduce estas lógicas primero en la estructura escolar básica y media, y casi simultáneamente en la educación superior. En el primer caso está dirigida directamente a la disminución de la educación municipal pública, a través de reformas a la estructura administrativa y del estatuto docente, el rol de los sostenedores y directores. Se expresa -proceso práctico ya en marcha-, en la creación de una red de colegios de elite de dudosa calidad y, fundamentalmente, en el traslado de la gran masa estudiantil preescolar, básica y media, al negocio de los colegios particulares subvencionados.

Implica, igualmente, ampliar aún más la distancia entre quienes pueden optar a una educación de “buena calidad” y quienes para acceder a ella tendrán que hacerlo bajo el control del mercado, que son la mayoría.

Cuestión aún más compleja si analizamos los indicadores de acceso real a la educación superior. Por ejemplo, al año 2007 del total de la educación superior (universidades, institutos profesionales y los Centros de Formación Técnica), sólo el 18,4% de los estudiantes correspondían al I y II quintil (los más pobres). Al contrario, los del V quintil eran 37,3% y los del IV, 26,1%, el III quintil fue 18,2%. Estas cifras demuestran que el incremento en las matriculas de la educación superior, de 175.250 en 1983 a 663.679 en 2006 , ocurrió principalmente al interior de los sectores acomodados, provenientes de colegios privados y/o de particulares subvencionados de mejor nivel .

En la ecuación Superior, la privatización de las universidades públicas no estatales se produce a través de la participación directa de la Banca privada en sus directorios y en la designación de sus autoridades académicas. Estas Universidades agrupadas en el grupo Cruz del Sur, son la Universidad Austral, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, La Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Católica de Valparaíso, quienes en conjunto presentan los mayores indicadores académicos de calidad, tales como publicaciones, ISI, CIELO, programas de Postgrado, académicos con doctorados e investigación de excelencia. Ellas, son casas de estudios con aportes históricos incuestionables a la comunidad nacional, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El intento del proyecto es lograr incluirlas en la estructura privada, cerrando aún más el cerco de la educación pública reducida sólo a las universidades estatales.

Casos emblemáticos críticos lo constituyen las universidades Estatales, la Universidad de Chile y de Santiago, pero más terminal es la situación de las universidades del Bio – Bio, de Atacama, de Playa Ancha, o La Frontera, por las exigencias del autofinanciamiento y su dificultad para competir en igualdad de condiciones con universidades privadas como la del Desarrollo o Diego Portales.

Dentro de la principal modificación de la Reforma Educacional de este gobierno está la disminución drástica de los presupuestos del Aporte Fiscal Directo (principal forma de financiamiento de las universidades del Consejo de Rectores) y del Aporte Fiscal Indirecto (relativo a los 27.500 mejores puntajes de la PSU), en que se traspasa parte de estos recursos directamente a los planteles que estén acreditados, a través de fondos concursables, financiamiento estudiantil, proyectos de investigación o directamente subvención estatal.

De esta manera, la Reforma Educacional pretende crear un solo tipo de universidad, “La Acreditada”. Con ello se da un trato indiferenciado a la educación superior, no se distingue entre universidades públicas y privadas, entre universidades simples (de plumón y pizarra) y complejas, (con docencia, extensión e investigación) y aquellas de vocación nacional y vocación mercantil.

En este marco es fundamental para los sectores democráticos asumir un proceso de reforma educacional de sentido contrario, que coloque el conocimiento en línea directa con la construcción de un proyecto nacional de desarrollo, cuyo pilar sean las universidades del sistema público y los colegios municipales, vía administración estatal directa. Se trata simultáneamente de defender la educación pública, recuperar la educación estatal, democratizar al conjunto del sistema y reformar al conjunto de la educación.

Colocar una nueva frontera en la educación pública implica entonces defenderla, recuperar lo estatal, democratizarla y reformarla. Un primer aporte debe ser dado desde la propia educación superior privada, donde se avance en distinguir a aquellas universidades que no siendo del Consejo de rectores puedan ellas representar una vocación nacional y ser parte del nuevo proyecto nacional de desarrollo en construcción.

Sólo un gran movimiento educacional que conjugue a los diversos actores que lo componen, profesores, apoderados, estudiantes secundarios, investigadores de postgrados, asociaciones de académicos, trabajadores no académicos, a los trabajadores, y al pueblo de Chile en general, podrá detener este proyecto y abrir una brecha democrática en el neoliberalismo. La unidad de las fuerzas sociales marcará la distancia ontológica que existe entre el pueblo sus intereses y el gobierno de la derecha. Permitiendo la más amplia convergencia política y social con miras a la construcción de un gobierno del nuevo tipo.

fuente: ICAL.