sábado, 29 de octubre de 2011

Corte Suprema le Raya la Cancha al Gobierno: "Condicionar Ascensos Afecta las Garantías Constitucionales"

Presidente de la Corte Suprema Milton Juica






Los ministros de la Corte Suprema respondieron al Gobierno con una dura carta, tras las diversas presiones realizadas por el Ejecutivo, sobre la actuación de los denominados jueces "garantistas". Los fuegos los abrió el Ministro de Justicia, quién en nueva entrevista ratificó sus dichos, pero también se implicó personalmente el Presidente de la República. En su discurso con motivo del juramento de nuevos abogados, el Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo que "se observa una devoción política para desbordar este necesario equilibrio, amenazando con ello la independencia de quienes en resguardo de la misma Constitución, aseguran derechos fundamentales que, de su quebrantamiento, se amenaza seriamente la juridicidad que con error se trata de proteger".

 A inicios de semana el máximo tribunal del país había expresado su intención de dar por superada la polémica, en la que incluso se implicó el Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, la publicación de una entrevista en la que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, defendió sus dichos respecto a que el Gobierno evaluaría los "criterios" aplicados por los jueces en sus fallos ante los detenidos por desórdenes públicos para visar sus ascensos llevó al máximo tribunal a emitir una declaración.

 "Se ha indicado a los magistrados de la República que el supremo Gobierno -entre otros antecedentes- considerará la forma en que resuelvan las solicitudes de medidas cautelares personales de los imputados en los procesos penales, con vista a cursar los nombramientos. Ante esta determinación es posible que los magistrados tengan presente consciente o inconscientemente la forma como repercutirán en su carrera profesional las decisiones que adopten respecto de las peticiones que les formulen los intervinientes", dijo el vocero de la Corte, Jaime Ramírez.

En este sentido, el tribunal considera que "esta posibilidad afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de ser juzgados (los imputados) por un juez independiente e imparcial, como la de un debido proceso legal".

"No sé cómo se irá a concretar esta situación, pero desde luego se comprenderá que si una persona está sujeta a la naturaleza o inclinación de sus resoluciones para determinar sus nombramientos podría tener alguna influencia, y eso significaría una presión", añadió Ramírez, explicando que ante ello "nosotros estimamos que la Corte Suprema no podía silenciarse".

"La Corte había dado por superada la situación y no deseaba entrar en controversias, en polémicas. Sin embargo, nos parece esta situación delicada y digna de ser aclarada, por lo menos desde el punto de vista nuestro", concluyó el magistrado.

La última vez que la Corte Suprema le había mandado una carta al Gobierno fue en 2007, cuando se discutía el tema presupuestario en una "mesa judicial". Antes se había hecho en 2001 en medio del caso de Alto Hospicio.

Vuelta atrás

En la aludida entrevista, el ministro Teodoro Ribera dijo a El Diario Financiero que "jamás" se arrepentiría de su declaración, que atribuyó a un mero recordatorio de "las bases del estado de Derecho", pues los poderes del Estado "no funcionan en forma autárquica".

"Quiero dejarlo bien claro. No fue un error o algo impensado. Hoy más que nunca se requiere recordar las bases normativas que rigen nuestro actuar social y político (...) En momentos de mayor algidez política es donde uno tiene que decir las cosas con claridad y precisar los conceptos. Nadie puede temer que un ministro de Estado diga cuáles son los principios que rigen su actuar ", declaró.

Un estudio elaborado por el propio Poder Judicial  mostró que desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal los jueces de garantía han accedido en el 88,6 por ciento de los casos a las solicitudes de prisión preventiva.

El vocero Jaime Ramírez agregó hoy otro dato respecto de los desórdenes públicos en Santiago: en lo que va del año ha habido 245 procesos o causas, con un total de 589 detenidos, y en sólo dos ocasiones los jueces no han accedido a otorgar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, decisión que no ha sido apelada.

Presidente de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió este viernes a la polémica surgida con el Ejecutivo y que ya lleva una semana de polémicas, luego que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señalara que el Gobierno condicionará los ascensos de jueces a los criterios que éstos hayan ocupado al fallar durante su carrera.

En medio del discurso de juramento para nuevos abogados, la máxima autoridad del Poder Judicial recordó la importancia de la independencia en la labor de los magistrados y que es básico para que se ejerza la competencia como la Constitución así lo estipula.

"La misma Carta Fundamental dispone que nadie, aparte de la jurisdicción, puede en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos", detalló Juica a los nuevos abogados.

Acto seguido, y a propósito de la polémica con el Ejecutivo, expresó que esta "normativa que es necesario recalcar, sobre todo en esta época en que se observa una devoción política para desbordar este necesario equilibrio, amenazando con ello la independencia de quienes en resguardo de la misma Constitución aseguran derechos fundamentales que, de su quebrantamiento se amenaza seriamente la juridicidad que con error se trata de proteger".

Juica señaló a los presentes en la ceremonia que "a los abogados y a los jueces, les toca un rol relevante dentro de un régimen republicano y democrático, conjugando las labores de la defensa de las pretensiones en juego con las del debido juzgamiento, para procurar matizar el bien común con la paz social, pero dentro de la normativa prevista en el ordenamiento jurídico de la cual somos sus custodios".

Por todas estas razones es que señaló que "es exigencia básica la independencia que debe gozar, tanto el uno como el otro. Ya en un juramento pasado enfatizamos la importancia que para el debate jurisdiccional  aseguran tal valor los cuerpos éticos de los colegios de abogados".

Finalmente y ante las críticas que parlamentarios han realizado respecto a una supuesta mano blanda de los jueces, Juica señaló que "en Chile, por suerte para la democracia, se presume la inocencia de toda persona mientras no exista sentencia condenatoria en su contra y que el proceso penal, no es una pena en sí y que se establece precisamente para cautelar el derecho a la libertad personal y quienes, con independencia procuran preservar tal principio hacen honor a su título de juez y jamás podrá considerárseles cómplices de hechos en los que no han intervenido por actos anteriores o simultáneos".

Finalmente, el presidente del máximo tribunal concluyó su discurso pidiéndole a los nuevos abogados y abogadas "que al comenzar el ejercicio de la difícil tarea que han asumido, defiendan con todo vigor su independencia y la de los jueces, para el pleno ejercicio de la abogacía puesto que de su mantenimiento y fortaleza asegurarán eficazmente los derechos y garantías de las personas, no olvidando que la acción penal puede afectar a cualquier ciudadano no importando sus títulos y riquezas o la gravedad de los hechos incriminados, pero que todos con plena igualdad merecen ser titulares de aquellas prerrogativas procesales".

 Fuente:diarioreddigital.cl

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