Por Pamela Sepúlveda
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, explicó que a su juicio el Banco Central, la empresa estatal Codelco y la Unicef "representan de dónde viene la crisis". EFE/Archivo
SANTIAGO, (IPS) – “Hoy necesitamos cambios estructurales, avanzar en un nuevo modelo de enseñanza en Chile y sentarnos a una mesa participativa con todos los actores representados”, reclamó Camila Vallejo, una de las líderes del movimiento estudiantil que tiene a mal traer al gobierno del derechista Sebastián Piñera.
El conflicto detonó hace un par de semanas con las tomas de centros de educación y la realización de marchas callejeras, a las cuales el gobierno solo atina a responder con desalojos compulsivos y represión.
Las autoridades “utilizan cualquier instrumento para deslegitimar y dividir el movimiento estudiantil”, aseguró a IPS Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
A estas alturas la crisis del sistema de enseñanza chileno no es sólo un tema de estudiantes, como quedó demostrado el jueves cuando los más de 200.000 alumnos de escuelas secundarias y de universidades fueron acompañados en las calles de Santiago y de otras ciudades por profesores, actores, trabajadores y más de un centenar de organizaciones culturales, políticas y sindicales.
Dos días atrás, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, comunicó que se adelantarían las dos semanas de vacaciones de invierno, para que los movilizados perdieran días de descanso, “pero no de clases”, medida que fue interpretada por los estudiantes como un errático intento de amedrentarlos para aflojar el movimiento.
Es que el descontento por un sistema que agudiza las desigualdades es cada vez mayor. Se exige una reforma estructural al sistema de educación e incluso los estudiantes levantan como consigna que para esto también se necesita una nueva Constitución, ya que, pese a algunas reformas, sigue rigiendo la impuesta por la dictadura del ya fallecido Augusto Pinochet (1973-1990).
“Hoy día la institucionalidad política no está dando el ancho para esto, la democracia en Chile es muy cuestionada porque hay una gran mayoría que reclama por un derecho y no es escuchada”, enfatizó Vallejo.
Respecto de la actitud que debería tener el gobierno, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Fajardo, dijo a IPS que espera que el gobierno “acoja las señales de un movimiento ciudadano por la educación pública, porque hoy esto ya no es sólo un tema de los estudiantes”.
“Este movimiento es social por la educación pública y, por eso, se tiene que levantar una mesa con todos los actores”, añadió Fajardo, haciendo alusión a la negociación que intentó el ministro sólo con los rectores de las universidades estatales, que por su parte rechazaron la oferta al no estar acompañado por los otros actores del sector.
El gobierno impulsó lo que llamó una nueva reforma educativa, basada en la creación de liceos públicos de excelencia, la promoción de ingreso a las carreras de pedagogía a los mejores estudiantes, mejoras salariales para los profesores, además del aumento de horas de lenguaje y matemáticas, que fue muy criticado por haberse hecho en desmedro del tiempo dedicado a historia.
Un modelo de nunca acabar
Para el Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, el problema es que tanto en este gobierno como en los 20 años anteriores de administraciones de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia no se ha abordado el tema de fondo.
La raíz de la crisis, según expertos, es que el principio rector de la enseñanza en Chile es la propiedad y libertad de enseñanza, o libre empresa relacionada con educación. Y que no se consagra constitucionalmente el derecho a la educación, lo que ubicaría al Estado como garante de ello.
“Acá hay una discusión de fondo que es de visión, de tipo de educación, de la necesidad de rediseñar el sistema educativo” explicó Fajardo.
Junto a esto, para el director del Observatorio, Jesús Redondo, lo que ocurre ahora no es sólo el rebrote de un descontento por el sistema de educación, que también se manifestó con grandes movilizaciones estudiantiles en 2006 contra el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, sino que evidencia la crisis del modelo neoliberal que amarró a la educación y otros derechos a las leyes del mercado.
“La juventud expresa lo que le pasa a la sociedad”, dijo Redondo en conversación con IPS. La clase política no entendió lo que estaba pasando, creyeron que era un tema de monedas”, por lo que las demandas no son sólo de estudiantes, sino de la mayoría de la sociedad chilena ya agotada, añadió.
Se trata de la apertura de una herida no cerrada, porque la respuesta a la crisis de 2006 no tuvo la contundencia necesaria, ya que, pese a que se derogó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza dictada el último día de dictadura, ésta fue reemplazada por la Ley General de Educación (LGE) aprobada en 2009, que no modificó los lineamientos básicos de la política educativa.
“La dirigencia política quiso resolver la crisis mediante una ley general de fondos educativos, de sostenedores o de dueños de colegios, no de educación”, observó el académico de la estatal Universidad de Chile, agregando que la crisis se produce porque “en este país no está regulado el derecho a la educación, sino que ésta es un servicio sometido al derecho de propiedad”.
La norma actual no modifica el rol del Estado, minimizado a lo “subsidiario” y sin garantizar el derecho a la educación, lo cual implica que no gestiona una educación de calidad integral, sin regular la concentración de recursos financieros y formativos en los sectores sociales en que más se necesita y manteniendo las desigualdades.
“El Estado no quiere hacerse cargo de los derechos de los ciudadanos, quiere que se haga cargo el mercado”, lo que está produciendo un agotamiento del modelo neoliberal, de “una sociedad que no tiene reconciliación consigo misma, que no ha sido capaz de constituir su propia constitución, que tiene una constitución impuesta, que el pueblo no se ha dado a sí misma”, puntualizó Redondo.
Es también a lo que apuntan los estudiantes, profesores y organizaciones que en la última marcha en Santiago instalaron un escenario en medio de la avenida Alameda, a dos cuadras de distancia de La Moneda, la sede del gobierno, con un gran lienzo que exigía “Por Chile, Por la Educación, ¡Nueva Constitución!”.
fuente:Costaricahoy.org
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